Políticas sociales: medidas de protección

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El Partido Socialista está desarrollando numerosas acciones de política social. Durante la presente legislatura, el Gobierno central ha aprobado (o ha propuesto a  las Cámaras para su aprobación) un conjunto de medidas que ha tenido un elemento definitorio claro: la mejora de la protección social de las viudas y viudos y, especialmente, de aquellos que tienen un menor nivel de renta. Creo que es de interés recordar, aunque sea sintéticamente, las medidas que han incidido sobre las pensiones de viudedad.
Ante todo, se ha producido un incremento de las pensiones de viudedad. En 2005, 2006 y 2007, las pensiones de viudedad han mantenido, al igual que todas las pensiones de la Seguridad Social, el poder adquisitivo de sus importes. Las pensiones mínimas de viudedad han experimentado subidas del 5 por ciento más la desviación de la inflación, porcentaje que, en principio, se aplicará en la  revalorización de las pensiones para 2008 (según las recientes manifestaciones del Presidente del Gobierno). Con ello, las pensiones de viudedad sobrepasarán el incremento del 26 por ciento contenido en el programa electoral del PSOE.

Además de estas subidas, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007 ha introducido mejoras adicionales en el cuadro de pensiones mínimas de viudedad, como son la creación de la pensión mínima de viudedad para beneficiarios con discapacidad igual o superior al 65 por ciento, con una cuantía idéntica a la de la pensión mínima de viudedad para mayores de 65 años, o la equiparación de la cuantía de la pensión mínima de viudedad para beneficiarios con cargas familiares con la cuantía de la pensión mínima de viudedad para mayores de 65 años.

Otras medidas, que han afectado o van a afectar a la protección de las personas viudas son: la compatibilidad entre las pensiones de viudedad de la Seguridad Social y las pensiones del SOVI, lo que ha beneficiado en particular a mujeres que fueron expulsadas del mercado laboral en el pasado (Ley 9/2005).
Se va reforzar el carácter de la pensión de viudedad como prestación sustitutiva de rentas en los supuestos de separación o divorcio, garantizándose más efectivamente los derechos de quien es cónyuge actual en el momento del fallecimiento, así como el reconocimiento de la prestación en el caso de parejas de hecho, derecho que, en determinados supuestos se extiende a los hechos causantes producidos antes de la entrada en vigor de la Ley.

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Se va a eliminar el límite del cien por cien de la base reguladora del causante en los supuestos de concurrencia de pensiones de viudedad y de orfandad, cuando exista un mayor nivel de responsabilidades familiares. Esta limitación, aunque afecta a las pensiones de orfandad, repercute en el nivel de rentas de la unidad familiar donde se ubica el preceptor de la pensión de viudedad. Otro aspecto de interés en el Proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social es la consideración de familia numerosa a la constituida por el padre o la madre viudo con dos hijos.

Se prevé la mejora de las pensiones de menor cuantía en favor de unidades familiares unipersonales de modo que los pensionistas contributivos del sistema de la Seguridad Social por la contingencia viudedad, que formen una unidad económica unipersonal, y que tengan que hacer frente con su pensión al mantenimiento de un hogar, experimenten durante los próximos cuatro años subidas adicionales de su complemento para mínimos, que les permitan alcanzar en ese periodo los niveles de renta mínimos necesarios para el sostenimiento de su hogar.

Por último, se prevé que en la revalorización de la pensión para 2008, las pensiones mínimas de las personas viudas, menores de 65 años y con hijos a cargo, se equipararán a las cuantían de los jubilados con cónyuge a cargo, lo que implicaría que para estas pensiones, y respecto de los importes a enero de 2004, las cuantías se incrementarán en un 60 por ciento y que, acumulando el importe de la pensión mínima de viudedad y una de orfandad, estas familias con menores recursos se aproximaran a los 11.000 euros al año. En definitiva, medidas aprobadas, o en proyecto, que mejorarán la atención y calidad de vida de un importante colectivo.

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