En estos tiempos de crisis, todo cuesta más. Cuesta más encontrar trabajo, cuesta más llenar la cesta de la compra, cuesta más llegar a final de mes. Esto no sólo nos afecta a los ciudadanos de a pie. Es sabido por todos que las administraciones públicas pasan por un momento delicado, en el que deben recortar al máximo el gasto. Sin embargo, este ahorro no puede pasar por recortar derechos tan básicos como la sanidad o la educación.
Afortunadamente, vivimos en un sistema en el que los ciudadanos sabemos que tendremos un médico que nos atienda y una plaza en un colegio para nuestros hijos por muy dura que sea nuestra situación económica.
Sin embargo, algunas comunidades apuestan por recortar estos derechos, aunque muchos no se atrevan a dar la cara y confirmarlo. Hace pocos días saltaban todas las alarmas cuando desde el gobierno autonómico de Mª Dolores de Cospedal se insinuaba un recorte de las pruebas que se realizan a los recién nacidos, entre ellas la del talón. Poco tardó el Consejero de Sanidad en negarlo, pero lo cierto es que Castilla-La Mancha es la comunidad que ha aplicado más recortes sanitarios, seguida por Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.
Estas medidas han provocado una consecuencia inmediata: el aumento de las listas de espera. Además de la ampliación de jornada, los profesionales de este sector verán disminuidos sus días libres, congelados sus sueldos sufrirán un aumento de las guardias, algo que sin duda hará disminuir la calidad de esta prestación y como consecuencia, algo que acabaremos sufriendo los ciudadanos.
No podemos permitir dar un paso atrás en estos derechos. No podemos abandonar a su suerte a los enfermos, ni descuidar a los más vulnerables, los recién nacidos. No podemos dejar que jueguen con nuestro dinero, pero mucho menos que jueguen con nuestra salud.
