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Antena ilegal

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Desde hace unas semanas, la indignación de los vecinos de la barriada del Carmen ha ido en aumento debido a la instalación sin licencia de una antena de telefonía móvil sobre el edificio Iriarte, ubicado al pie de la Avda. Reyes Católicos.

Una mañana, esta vecindad se despertó a la sombra de un elevado artefacto que, claramente, no ha surgido de forma espontánea como los champiñones. No sabemos a ciencia cierta cómo se ha permitido la instalación sin licencia de dicho objeto. Pero lo que sí saben los vecinos de este barrio, antes tranquilo y confortable, es que este hecho ha empañado esa tranquilidad y manchado vilmente la calidad de vida a la que tienen todo el derecho.

No sólo el paisaje urbano ha quedado desvirtuado por la presencia de la antena, cuyas condiciones y regularización levantan fundadas sospechas, sino que está causando unos daños morales irreparables debido a la incertidumbre e impotencia de sus habitantes, cuyas condiciones familiares respectivas (personas de tercera edad con marcapasos, embarazadas, familias con niños pequeños…) bien merecen ser tenidas en cuenta.

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Para acentuar aún más el asombro y expectación causados, a escasos metros se encuentra el colegio público Carlos I y una guardería… ¿Qué más se puede añadir?
Creo que el simple hecho de instalación ilegal y sin licencia de una compañía de móviles, hasta ahora desconocida, habla por sí sólo sin necesidad de aportar los demás agravantes que se suponen, si cabe, aún más nocivos e intransigibles.

Por tanto, las autoridades locales deben pronunciarse al respecto habiéndose hecho efectiva la denuncia de muchos de los vecinos colindantes y habilitar inmediatamente su desinstalación y consecuente penalización ante esta serie de abusos de los derechos de sus ciudadanos.

Por nuestra parte, los vecinos estamos dispuestos a manifestarnos y declamar en defensa de nuestros derechos, nuestra calidad de vida y, como no, de nuestros hogares. Así que exigimos una merecida y justa actuación por parte de las autoridades locales y partidos políticos como defensores legales de dichos derechos.

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