Viendo los posicionamientos de la Iglesia española en los últimos tiempos y la definitiva intrusión de la curia en política, queda claro que no quieren quedarse al margen de las próximas Elecciones Generales, del día 9 de marzo. Se desconoce si esta implicación de la Iglesia en la vida pública la convierte en la abanderada del PP o por el contrario, tan solo intenta hacer desistir al gobierno de que pueda replantearse su financiación, algo que le demandan distintos sectores de la sociedad.
El encuentro promovido por la Diócesis de Madrid en defensa de la familia, el pasado día 30 de diciembre en Madrid, marcó un antes y un después tras la intromisión de los obispos en las previas de las elecciones. Desde que se produjo esté ataque frontal al gobierno, se han sucedido distintos comunicados de los obispos como: el de la reunión de obispos andaluces, el de la conferencia episcopal o el de los obispos de Córdoba y Almería, entre otros.
Si bien es cierto que todos han suscitado una gran polémica, el del encuentro de Madrid fue el que levantó las mayores críticas. En éste, los cardenales-arzobispos y príncipes de la Iglesia, Rouco Varela, García-Gascó y Cañizares, rebosantes de demagogia, escasos de democracia y en un alarde de cinismo político, manifestaron que: “las políticas del ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero suponen una marcha atrás en los derechos humanos, por lo que nos dirigimos a la disolución de la democracia”.
Esta curia “ultra conservadora”, perteneciente a los sectores más conservadores y recalcitrantes de la Iglesia española, se permite la licencia de atacar al Gobierno por aprobar leyes que persiguen la igualdad de derechos de todos los ciudadanos de este país, ante lo que es una realidad social. Leyes, como las que permiten el matrimonio entre homosexuales y el divorcio exprés.
Esta situación no ha pasado inadvertida para nadie y provocó las críticas de todos los sectores de la sociedad, incluidos los católicos. Así, unos 300 católicos sevillanos emitieron un documento, entre cuyos firmantes se encuentran sacerdotes, empresarios, miembros de profesiones liberales y fieles, que manifiestan que: “más que un acto de carácter religioso, se trató de una reivindicación ideológico-política… Denunciamos las extralimitaciones de personas e instituciones eclesiásticas que han sobrepasado con creces los límites de su función ministerial”.
Es inadmisible que esta jerarquía pretenda dar clases de democracia a nadie cuando en su organización ésta brilla por su ausencia. Por otra parte, todos conocemos casos y hechos que debieran avergonzar y hacer recapacitar a todos los que en nombre de Dios han vivido y viven mejor que reyes. Pero claro, como la Iglesia Católica tiene “príncipes”, quizás también tengan las mismas prebendas.
Por último, mientras los que visten sotanas, trajes negros y alzacuellos, continúan con su política y la Unión de Asociaciones Familiares contraataca promoviendo la recogida de firmas para que se revise el concordato Vaticano-Estado, los ciudadanos se preguntan: ¿por qué la Iglesia católica tiene más derechos y privilegios que otras confesiones religiosas o porqué no se autofinancia como las demás, con sus feligreses, adeptos, negocios y propiedades, en lugar de hacerlo con el dinero público que no olvidemos, es el de todos?
