Da la impresión de que algunas leyes o, al menos, algunos aspectos introducidos en su articulado se insertan en las mismas de cara a la galería, para quedar bien con los votantes o para justificarse ante el ciudadano. Tal parece ser el caso de las leyes educativas desde la LODE (1985) hasta la LEA (2007). Todas mandatan la homologación entre la enseñanza pública y la concertada. Sin embargo se les hace oídos sordos y una y otra vez, machaconamente, se las salta a la torera.
Hace unos días se reunió la Mesa de Negociación de la enseñanza concertada, compuesta por la Administración, las Patronales y los sindicatos (FESIE, UGT, USO y CCOO), para saludarse, mantener el entente cordial, seguir con el pasteleo y, de paso, acordar una limosnita de 545`70 euros anuales para los trabajadores concertados este año 2008, frente a los 1445´70 euros para los enseñantes públicos. Si las matemáticas no engañan, la distancia en lugar de reducirse se aumenta. Suma y sigue: el acuerdo confirma la hipoteca del sector concertado hasta 2011. La Plataforma por la Homologación en Andalucía, que representa a un número significativo de trabajadores del sector, no fue convocada. Parece que no interesan elementos discordantes, que lleven propuestas serias para el cumplimiento de la Ley.
Así que los representantes de los sindicatos convencionales, elegidos mayoritaria y legítimamente en las pasadas elecciones sindicales, vuelven a vender la reivindicación legal y la dignidad de los trabajadores de la enseñanza concertada por unas despreciables migajas. Queda una vez más demostrada su pusilanimidad e incompetencia. “Los compañeros de la pública han hecho unas oposiciones y se tiran años viajando para trabajar desplazados de sus lugares de origen, alejados de sus familias”, declara Gloria Molina, representante de CCOO en la Mesa de Negociación. Nadie discute el derecho de puesto de trabajo vitalicio ganado en oposición, ni nuestra pelea se plantea con los compañeros docentes de la red pública. Pero con amigos como esta señora sindicalista, nos sobran los enemigos.
Todos no somos iguales. La Plataforma por la Homologación, desde la razón y el convencimiento, sigue luchando por lo que cree justo y legal, que no es otra cosa que la equiparación laboral y salarial con los compañeros de la enseñanza pública. Tirachinas, varejones de acebuche, trancas de las puertas, hoces y horcas, palos y piedras son las armas de que dispone, frente a misiles con cabeza nuclear de la Administración Educativa Andaluza, que aplica el rodillo de su mayoría con la anuencia del resto de interlocutores. Pero la fe sigue siendo inquebrantable y el norte siempre en la brújula. A los integrantes de esta Plataforma se nos puede tachar de locos, ilusos, utópicos, pero nadie puede pisotear nuestra dignidad. Nos subimos a un burro hambriento y famélico, pero, aunque camina por senda empinada y fatigosa, esa es la senda recta. Razones justas y legales avalan nuestro convencimiento. Por eso, de tan tozudo burro no nos podemos bajar.
