Hace unas semanas me dirigí a la Comisaría de Policía Nacional para la renovación del carnet de identidad de mis hijos y el mío propio, con la documentación, fotos, etc. preparados, cuando después de darme un número un señor vestido de gris, nos revisa la documentación antes de entrar para renovarlos. No quedando suficientemente perplejos con esto, posteriormente me dirigí a recoger los carnés, cuando la persona anterior me solicita los resguardos, se va hacia donde están todos los nuevos carnés hechos y me entrega los de mis hijos y el mío. Lógicamente para realziar dicha operación esta persona ha leído y comprobado cómo me llamo, si los nuevos carnés son los que coinciden con el resgurardo, etc.
El responsable de la oficina del DNI de la Comisaría de Dos Hermaans es quien ha situado a esta persona que hace entraga del DNI, recoge el resguardo del anterior, hace entrega de los pasaportes, revisa la documentación que se aporta para la renovación del carné y todo ello, nos venimos a enterar que, lejos de ser un funcionario de la administración y mucho menos un policía, resulta que es alguien que como cualquier ciudadano de la calle está allí colocado en la entrada de nada menos una Comisaría de Policía, conociendo, mirando, enterándose de todos y cada uno de los datos de nada menos que nuestra documentación más personal.
No puedo imaginar que el Comisario Simón Bernal, responsable de la oficina del DNI, también haga entrega de su pasaporte, carné, etc. a personas particulares en su propia Comisaría cuando necesita renovarlo.
Resulta sorprendente que sea una persona que no tiene que atenerse a ningún tipo de obligación en la protección de datos la que conozca precismente la identificación de decenas de personas que cada día pasan por unas dependencias en las que supuestamente se debe gardar el secreto profesional y proteger los datos de las personas. ¿Resulta que es público el DNI de mis hijos y el mío?
No es de recibo que se pueda consntir esta violación de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y es una obligación pedir responsabilidad por escrito denunciando la violación en la protección de datos en unas dependencias de policía.
