El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, ha admitido a trámite en el mes de julio la queja formulada por la Plataforma por la Homologación de la Enseñanza Concertada, exigiendo la homologación del profesorado con la educación pública, al amparo de las leyes que regulan los derechos y libertades comprendidos en el título primero y en el artículo 103 de la Constitución, “por mal funcionamiento de la actividad de la administración de la Comunidad Autónoma Andaluza y por infraccion del principio de igualdad”. La Plataforma argumenta en su escrito que “el derecho a la gratuidad de la enseñanza en España, se hace efectivo a través de los centros públicos o concertados”. A este respecto el defensor del pueblo ha comunicado a la Plataforma que va a iniciar las actuaciones ante los organismos administrativos correspondientes para investigar los hechos que motivan la reclamación.
Por otra parte, la Plataforma recalca que la LOE mandata que “las cantidades económicas asignadas por ley a los salarios del personal de los centros concertados posibilitarán la equiparación gradual de su remuneración con la del profesorado público de las respectivas etapas y aunque supone una sensibilizacion frente a las leyes anteriores, por lo que en otras comunidades esta discriminación ya está resuelta o se encuentra en camino de ser superada”. Sin embargo, la Plataforma insiste en que “en Andalucía la administración educativa, tras más de 20 años de vigencia de la LODE, todavía no ha cumplido el deber de proceder gradualmente a la homologación, sino que se ha producido una cada vez mayor deshomologación o desigualdad entre los salarios del personal de los centros concertados con los de la enseñanza pública”.