El Ayuntamiento de Dos Hermanas procedió al inicio de esta semana al derribo de aproximadamente 500 parcelas que se han construido de manera ilegal. Éstas se levantaban sobre suelo agrario en las 23 hectáreas de la finca olivarera de San Juan del Hornillo, en la carretera Isla Menor-Los Palacios, junto al parque periurbano de La Corchuela. Muy cerca de la histórica Hacienda San Juan del Hornillo, del siglo XVI.
Fue a raíz de una denuncia publicada en el periódico ABC, en junio de 2020, sobra una estafa de venta ilegal de parcelas que se estaba llevando a cabo a través de Internet, cuando el consistorio nazareno puso en marcha la maquinaria el pasado verano para su derribo por estar al margen del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana). Se trata de un terreno de carácter agrario, incompatible con el proyecto que se estaba realizando, donde los promotores habían dividido la finca en 545 parcelas, de 200, 500 o 1.000 metro, destinadas presuntamente a la construcción de una futura urbanización.
Dejando claro el ayuntamiento en su actuación que esta finca “sólo puede ser susceptible de división o segregación respetando la extensión mínima de cultivo”. Por lo que todas aquellas personas que habían comprado una de estas parcelas pueden encontrar innumerables dificultades para inscribirlas en el registro de la propiedad, ya que la escritura es nula de pleno derecho al no poderse dividir la finca como se ha realizado.
La ejecución no se ha podido llevar a cabo hasta la fecha, tras la publicación de la demolición subsidiaria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado mes de diciembre. El derribo se inició el pasado lunes, día 25, por una excavadora de grandes dimensiones junto a un grupo de agentes de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil. Pero esta actuación tuvo que paralizarse, según publicaba ABC, ante las protestas de los residentes. Tras la llegada de un grupo de antidisturbios, se retomaron los trabajos, que siguieron ayer martes.
Iniciadas diligencias judiciales
Un juzgado de Dos Hermanas ha puesto en marcha, a instancias del Seprona, diligencias judiciales por un posible delito medioambiental. Además, la comunidad de agricultores integrantes del Bajo Guadalquivir ya advirtió a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la sustracción ilegal de agua de pozo, así como la sobreexplotación del acuífero y los vertidos residuales al arroyo que es de su propiedad para que iniciara las acciones oportunas.