Algunos llevamos años solicitando a instituciones y partidos políticos la modificación de la Ley de Registros Civiles, con la intención de favorecer la inscripción de aquellas personas que fueron asesinadas por la dictadura. Hasta que esto no se haga (con la actual regulación, sólo los familiares lo pueden hacer y con muchas dificultades) la cuantificación de la represión seguirá siendo ocultada a la sociedad y a los historiadores. Un ejemplo: de los cerca de 4.000 fusilados que se enterraron en las fosas comunes del cementerio de Sevilla, no llega al millar los inscritos en el Registro Civil. De los más de 11.000 en toda la provincia ¿cuántos hay inscritos? Quizas no lleguen a los 3.000.
Hace unos días el Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Córdoba) y a petición de la Asociación de la Memoria Histórica (AREMEHISA) ha aprobado una moción en este sentido, creando, incluso, un Registro Municipal para ello.
Con antelación, en julio de 2005, el que suscribe pasó por el registro del Ayuntamiento de Dos Hermanas un escrito de similares características que en septiembre de ese mismo año, por parte del grupo municipal de IU-CA, se presentó a pleno y fue aprobado por unanimidad e incluso se encargó a un abogado la “recopilación” de la documentación existente en los archivos militares para ejecutar dicho acuerdo de pleno. Entre esos “desaparecidos legales” se encuentra uno de sus alcaldes más recordados, Antonio Muñoz Benítez, que seguirá en el ya desaparecido limbo al no tener familiar que pueda inscribirlo.
Lamentablemente, tengo que utilizar este medio para “intentar” saber qué ha ocurrido. Y no será porque no se lo he preguntado en más de una ocasión a los concejales (de todos los colores) de Dos Hermanas.
Cecilio Gordillo Giraldo, coordinador Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA de CGT.A)
