El pleno ordinario del mes de marzo en el Ayuntamiento de Dos Hermanas ha dado cuenta del abandono de Teresa de Terry del grupo municipal de Vox, pasando a ser concejala no adscrita. La edil, que ha cambiado su ubicación en el plenario, alejada de sus hasta la fecha compañeros de partido y grupo, tomó la palabra para explicar los motivos que la habían llevado a tomar esta decisión.
Según la propia Teresa de Terry, este hecho viene desencadenado porque el pasado día 10 de noviembre «se presenta al cobro de la asignación municipal una factura de cambio de ruedas del coche personal del portavoz del grupo municipal, por importe de 399,30 euros». Una factura que se paga, pero, tras analizar las distintas hojas de gastos presentadas por el portavoz desde comienzo de mandato, se da cuenta que «desde el mes de julio, también está pasando recibos de tintorería para la limpieza de su vestuario«. Teresa llega a detallar ante el plenario, pasando copia de las facturas a los medios de comunicación, tres recibos para este menester, «uno del día 21 de julio de 48 euros y otros dos de noviembre, uno de 29 euros, correspondiente al mes de julio y otro, de 24,50, del mes de octubre».
La ya ex concejala de Vox se lo comenta al interesado y le pide la devolución de esos gastos, ya que, «además de inmorales, rozan probablemente el delito». Ante su «respuesta negativa», la señora de Terry decide ponerlo en conocimiento de estamentos superiores del partido. Concretamente, según ha explicado en el pleno, «ese día 16 de noviembre manda un correo electrónico al responsable intermunicipal, con copia al responsable de seguridad nacional para informarle de lon que estaba sucediendo, adjuntando las citadas facturas, pero recibo la calla por respuesta».
Por ello, «en vista que el partido Vox, especialmente en la provincia de Sevilla, «ha sido conocedor y consentidor de todo lo que estaba pasando», la edil opta por retirarse, tanto del grupo como del partido, y denunciar públicamente lo que está sucediendo. Según ha explicado en el salón de pleno, «llevo un tiempo más que prundencial esperando que mi partido tome cartas en el asunto, pero en vista de la innacción de las personas responsables para tomar medidas, me veo obligada a ello». Aunque, como ella mismo dijo, «sé a lo que me enfrento y a quién me enfrento» y, aunque «lo más fácil hubiera sido quedarme callada, entregar el acta de concejal e irme a mi casa«, pero «el pueblo no se merece que se le oculte la realidad y deben ser los primeros en conocer lo que está pasando».
En palabras de Teresa de Terry, «los políticos venimos a servir a los ciudadanos no a servirnos de ellos«, por lo que «el amor a mi pueblo y a los nazarenos me impide a seguir callada, esperando una respuesta, mientras sospecho que estos gastos se pueden seguir sucediendo». Aunque, según ha explicado en un comunicado de prensa, «no pueda demostrarlo porque, desde noviembre del pasado año, tengo vetado el acceso a las facturas y documentación municipal, a pesar de haber sido hasta ahora concejala del grupo municipal de Vox».
La ex concejala de Vox ha recalcado que «soy una enamorada de la política municipal y sé que desde mi puesto de concejala no adscrita «seguiré trabajando con más ahinco, si cabe, por mis vecinos, velando siempre por un servicio público de calidad«. Además de añadir que «mis ideas siguen siendo las mismas que cuando llegué y las siglas pueden representar tus ideas en ciertos momentos, pero no son dueñas de ellas».
El portavoz de Vox, Adrián Trashorras, solo intervino para apuntar que «cuando el pleno así lo solicite, serán puestas de manifiesto las cuentas del grupo municipal Vox» para su revisión.
Mociones de los grupos políticos
En el pleno fueron tres las mociones presentadas por los grupos políticos. La del PSOE, en apoyo a la educación de personas adultas y en contra del recorte de profesorado en los CEPER por parte de la Junta de Andalucía, ha salido adelante con el apoyo de Con Andalucía, la abstención de la concejala no adscrita Teresa de Terry y el voto en contra de Vox y PP. El primero argumentó su rechazo a que no era el escenario en el que había que reclamarlo, sino en el parlamento, mientras que desde la bancada popular justificaba la entrada en vigor de este decreto de la Junta de Andalucía por los cambios dado en la sociedad en los últimos años y la demanda del alumnado de estos centros de otro tipo de enseñanzas que requieren de otro tipo de profesionales, en este caso, profesorado de Secundaria. Pero que este profesorado convivirá con los maestros actuales, llegando a afirmar que la estabilidad de los puestos de trabajo están garantizadas. Algo que se puso en duda desde el grupo socialista, asegurando que en el «CEPER Bujalmoro de 10 maestros se pasará a cinco».
La que también salió adelante fue la moción del PP sobre mejoras en el tráfico de la ciudad, aprobada por unanimidad de todos los grupos. El equipo de gobierno le dio su apoyo, asegurando que, aunque lo que se solicita se está haciendo, para estudiar en comisión informativa las posibles propuestas que puedan plantear los populares. El PP hablaba de revisión de la señalización existente para la retirada de la que pueda quedar obsolota, el estudio de los principales puntos de riesgo del municipio, en lo que a seguridad vial se refiere, así como la instalación de reductores de velocidad y de la inclusión de más señales luminosas. Desde las filas del PSOE se añadió que «no es fácil la organización del tráfico en una ciudad con 141.670 habitantes y con un censo de 99.600 vehículos, de los que unos 63.00 son coches».
También salió adelante con el voto en contra de PP, Vox y Teresa de Terry, así como el apoyo del PSOE, la propuesta de Con Andalucía para que la nueva tasa de la Ley de Residuos se revierta desde la Junta de Andalucía al ayuntamiento para que sea empleada en planes, medidas e inversiones para mejorar la recogida selectiva del municipio. Mientras que Vox lo que pidió fue la derogación de esta ley, PP y PSOE apuntaron en diferentes direcciones sobre el origen de esta tasa. Los populares aseguraban que no era autonómica, sino un impuesto estatal y que la Junta destinará a financiar políticas de economía circular, mientras que los socialistas le rectificaron que era una directiva europea, por la que el Ayuntamiento pagó el pasado 2023 casi dos millones de euros sin saber, aún, a lo que lo iba a destinar el ente autonómico.