Uno de ellos estaba vinculado al Ayuntamiento por un contrato de prestación de servicios
La polémica se ha desatado en la vida política local tras la información publicada el pasado lunes en el diario ABC en la que se aseguraba que “varios arquitectos usaron información privilegiada municipal en su beneficio”. Según la información publicada por ABC, el Colegio Oficial de Arquitectos desarrolló el pasado año una investigación “sobre las incompatibilidades de varios arquitectos que, vinculados al Ayuntamiento, pudieron obtener información privilegiada que posteriormente era usada por sociedades a las que pertenecían”.
Concretamente, se hace referencia a Joaquín Pino, vinculado al Ayuntamiento de Dos Hermanas desde 1984 por un contrato de prestación de servicios, y a sus socios en la sociedad Dhen-6, Daniel Fernando Conesa, Rafael López y Antonio Cano, quienes han desarrollado, según el artículo, más de un centenar de actuaciones en la ciudad en materia sanitaria, educativa, social, cultural, deportiva, religiosa, industrial y residencial.
Proceso abierto
Rafael López, uno de los cuatro arquitectos implicados, ha salido al paso de estas informaciones puntualizando que este proceso se inicia en diciembre de 2008, cuando Antonio Hernández Cruz, arquitecto y promotor de Dos Hermanas los denuncia ante el Colegio Oficial de Arquitectos. En mayo de 2009 el colegio, según López, “sin previo aviso, resuelve declarar incompati ble su actividad en Dos Hermanas con el contrato de prestación de servicios que Joaquín Pino tenía con el ayuntamiento desde el año 1984”. Posteriormente, los cuatro implicados comparecieron ante el comité deontológico que resolvió inhabilitarlos para el desempeño de sus funciones en la ciudad durante un periodo de 18 meses”.
Rafael insiste en que el proceso sigue aún abierto: la resolución de incompatibilidad está recurrida ante la justicia ordinaria, al no darles la razón el Consejo Superior de Arquitectos de Andalucía; mientras que la inhabilitación aún no tiene resolución por parte del Colegio Oficial de Arquitectos.
Rafael López ha mostrado su “perplejidad” por haberse hecho público en la presa el expediente completo cuando el proceso interno sigue su curso. Los arquitectos se están reuniendo con sus abogados para tomar medidas, ya que se consideran lesionados en su honorabilidad: “llevamos desde el año 83 trabajando y siempre hemos sido honestos en nuestro trabajo”, asegura López.
{xtypo_code}Reacciones
IZQUIERDA UNIDA: Manolo Lay, su portavoz, ha pedido a los servicios jurídicos de IU que determinen “si hay o no responsabilidades políticas por parte del equipo de gobierno del señor Toscano”. Esperan que esta investigación no repercuta en el III Plan de la Vivienda y sus demandantes.
PARTIDO POPULAR: El portavoz-adjunto del PP, Manuel Varela entiende que “el presunto trato de favor, así como la información privilegiada de la que parece que se han beneficiado determinadas personas o empresas vinculadas al sector inmobiliario, debe ser analizado. El PP ha presentado un escrito al delegado de Urbanismo y al alcalde, con una serie de preguntas sobre la vinculación laboral del consistorio con Joaquín Pino y no descartando otro tipo de medidas.
PSOE: Para Agustín Morón, portavoz del equipo de gobierno municipal, estamos ante un problema entre particulares y es el Colegio de Arquitectos o la justicia los que deben dictaminar. Para Morón no existe tal incompatibilidad y le parece “indigno y mezquino” que se utilice este tema políticamente. Lo que sí quiere dejar claro es que este proceso no va a repercutir en el Plan Municipal de Vivienda.{/xtypo_code}