El encuentro vecinal se centró en el tema de las irregularidades urbanas
La Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía, CAVA, se ha propuesto remitir a la fiscalía todos los expedientes de denuncias sobre irregularidades urbanas que les hagan llegar las asociaciones de vecinos. Así lo acordaron las federaciones reunidas a finales de septiembre (entre ellas Unidad Nazarena) en el Puerto de Santa María, en unas jornadas sobre urbanismo.
La CAVA se ha comprometido a denunciar la construcción de viviendas en suelo fuera de planeamiento urbano y a tramitar las denuncias que se hagan hacia ayuntamientos y otras administraciones públicas que no cumplan su función.
La CAVA también pomoverá un pacto entre grupos políticos, para que frenen la proliferación de viviendas ilegales, especialmente en la costa andaluza. Para las que ya están construídas en espacios protegidos, la CAVA pide que los costes de legalización no sean asumidos por las administraciones. Además, la confederación propone que se cree una comisión de trabajo donde haya representantes de los afectados, vecinos y miembros de la administración pública, e incide en que “no todo es legalizable”, haciendo referencia a las segundas viviendas construídas en zonas de sierra o litoral, “incumpliendo las leyes que protegen los espacios naturales”.
Contra la drogodependencia
La CAVA también trató en la última reunión con las federaciones de asociaciones de vecinos los problemas de drogodependencia en los municipios. Para la confederación, la responsabilidad para prevenir la drogodependencia recae en los ayuntamientos, que “teniendo los recursos no invierten en este tipo de programas sociales”.
Opina que desde que la confederación ha dejado de gestionar los proyectos sobre drogodependencia el número de consumidores ha aumentado, y que los programas de asesoramiento a los drogodependientes no es la única vía de actuación, haciendo hincapié en la prevención y la educación a la población en el rechazo a las drogas.
