El equipo de gobierno relató con detalle en el pleno del mes de septiembre cuál había sido su papel para intentar buscar una solución al conflicto generado en el servicio de ayuda a domicilio ante los incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria, Assistel. Tras una pregunta formulada por el grupo municipal del PP, se aclaró que actualmente el Ayuntamiento trabaja en el restablecimiento completo del servicio.
Según explicó el delegado de Cohesión Social, Juan Pedro Rodríguez, «durante todo este tiempo, nuestra mayor preocupación ha sido salvaguardar los derechos de las personas usuarias, y sus familias, ya que, así lo entendemos, son el núcleo esencial del servicio. Así como los derechos de las personas trabajadoras que lo prestan y que actualmente han sido subrogadas a una nueva empresa, Macrosad,con fecha de día 1 de septiembre».
El delegado quiso agradecer al personal de la Delegación de Cohesión Social del Ayuntamiento que, «durante este tiempo, mañana, tarde o fin de semana, ha trabajado duramente para poder encauzar esta situación y reducir en todo lo posible las complicadas situaciones generadas».
Juan Pedro se centró en el momento en el que la anterior empresa, Assistel, incumplía su principal obligación con sus personal empleado al no abonar a un número importante de ellos las nóminas de julio. Tras saltar la voz de alarma, «nos reunimos con esta empresa para hacerles ver por parte de este ayuntamiento lo inadmisible de esta situación y nos negamos a debatir cualquier otra cuestión que pudieran poner sobre la mesa hasta que no se abonaran las nóminas y se restituyeran el cien por cien de los servicios». Esta situación, prosiguió, «se va solventando, en lo que respecta a los salarios, parcialmente, con pagos periódicos al personal durante el mes de agosto para acabar pagándolas todas ante la continua presión del consistorio, a través de reuniones, comunicaciones y llamadas telefónicas».
Estos incumplimientos, en palabras del concejal, acaban generando que «aumente la conflictividad en la empresa, que acaban padeciendo las personas usuarias del servicio». Por lo que, añade, «por lo insostenible de la situación y ante la desesperación que nos trasladaban las familias y la representación de las trabajadoras, manifestamos nuestra postura a la empresa, como ayuntamiento, que culmina con una comunicación en la que se nos informa que, en cuestión de días, para un servicio de esta envergadura y de carácter esencia, dejarían de prestarlo«.
Adjudicación de urgencia
Desde el equipo de gobierno se ponen en marcha todos los resortes administrativos para poder adjudicar este servicio a otra empresa, mediante un procedimiento de urgencia, con la idea de que se pudiera seguir atendiendo a las personas usuarias. «En solo siete días, se logró adjudicar el servicio a Macrosad, garantizando, además, la transparencia y concurrencia, a pesar de que por este procedimiento no estábamos obligados legalmente a hacerlo y además de la grave situación en la que había dejado la empresa el servicio al desaparecer, dejándolo prácticamente desmantelado«.
El ayuntamiento ya se antepuso a esta situación con reuniones previas con empresas, en la búsqueda de perfiles especializados en este sector, juntas de gobierno extraordinaria y un trabajo incansable por parte del Ayuntamiento para hacerlo de la mejor manera posible.
Tras adjudicarse a una nueva empresa, proseguía Juan Pedro, «se subrogaron todas las trabajadores y los trabajadores y se procedió al restablecimiento paulatino del servicio, en la que aún nos encontramos». El consistorio siguió trabajando en ese momento, abonando la factura del mes de agosto, «con el único objetivo de que la empresa pagara las nóminas cuanto antes, pero no ha sido así». El concejal explicó que, «legalmente, no es posible abonar esa cantidad a las trabajadoras o a la nueva empresa adjudicataria. Lo hicimos para que la empresa no usara esta excusa para no cumplir con sus obligaciones salariales«.
El restablecimiento del servicio
Paralelamente, se está trabajando en el desistimiento de la licitación anterior, que se encuentra suspendida en el juzgado, con el motivo de sacar una nueva para la que «se ha pedido opinión a la representación de la plantilla con el objetivo de adecuarla al servicio para prestarlo mejor y evitar algunas de las situaciones vividas hasta el momento y regularizar la situación excepcional que estamos viviendo».
A su vez, se ha iniciado un procedimiento sancionador a Assistel «por no haber abonado las nóminas, por no prestar todos estos servicios y por no haber facilitado todos los datos a este ayuntamiento, que son de su titularidad, para poder continuar prestándolo».
En resumen, añadió el delegado, «hemos hecho mucho, ya que, si no, no se prestaría actualmente el servicio, ya que no lo hace la Junta Andalucía, a pesar de ser una competencia que le pertenece; no se hubiesen abonado las nóminas pendientes y no se habría adelantado el pago de las de septiembre. Además del procedimiento sancionador que se va a poner en marcha y la mejora del servicio, para el que se sigue trabajando en el restablecimiento.