El pasado 27 de abril se aprobó en el Parlamento de Andalucía el proyecto de ley de Servicios Sociales, después de aproximadamente 10 años intentándolo y unos 14 borradores fallidos. La actual ley por la que nos seguimos rigiendo cumplió 28 años el pasado 4 de abril; ya ha llovido desde entonces, tanto que han cambiado algunas profesiones, por ejemplo, las asistentas sociales se reconvirtieron en trabajadoras sociales, apareció la figura del educador social formalmente reconocido, y mucha de la terminología también se ha modificado: los minusválidos han desaparecido para ser personas con discapacidad o diversidad funcional, los hogares del pensionista ahora son centros de participación activa, etc. Y ni qué decir de la situación social de Andalucía, donde desde 1988 ha crecido la diversidad cultural, han surgido nuevos modelos familiares, y con la crisis se han acuciado de forma alarmante los desgraciadamente inherentes problemas de paro y pobreza que nos han caracterizado siempre.
Podríamos tocar las palmas, pero no hay nada que celebrar. De hecho, desde el Área de Servicios Sociales de Izquierda Unida de Andalucía llevamos años intentando evitar que se aprobase un texto como éste. Es más, el mismo día de su aprobación llevábamos una enmienda a la totalidad para que se devolviese el texto a la ciudadanía y se modificasen algunos aspectos que paso a explicar, pero sorprendentemente los demás grupos parlamentarios la votaron en contra.
El gobierno andaluz lleva meses vendiendo en la prensa que la nueva ley “blinda derechos”, pero si leemos un poco más adelante nos encontramos con que la gran mayoría están sujetos a presupuesto y al traicionero artículo 135 de la constitución modificado por PSOE y PP. No, un derecho no puede estar a expensas de un presupuesto anual que si se acaba esa partida ya se deja de prestar. A una familia que necesita urgentemente cobrar el “salario social”, que por cierto se está cobrando con un año de retraso, no se le puede decir: mire, que no hay dinero, si viene el año que viene en febrero quizás…
Tampoco establece ratios de usuarios por profesional. ¿Se imaginan una maestra con 100 niños de 5 años en un aula, cada uno con unas necesidades? Pues en el trabajo social ocurre con más del triple. Además favorece un modelo de intervención basado en prestaciones, en parches, olvidando la intervención comunitaria y la prevención de los procesos de exclusión social. La participación de la ciudadanía brilla por su ausencia cuando se deja fuera de los consejos a las plataformas, movimientos y organizaciones, aparte de no definir adecuadamente la coordinación con otros sectores como la sanidad, educación y justicia. ¿Y los profesionales de la educación social y la psicología?
Y la palabra clave de esta ley: privatización. Deja abierta la puerta a la privatización de servicios sociales al no regular adecuadamente la iniciativa privada con ánimo de lucro. ¿Me refiero a esa asociación de padres de personas con discapacidad que se unen para que sus hijos tengan una mejor atención? ¿O a una cooperativa gerontológica? Por supuesto que no, sino a esas multinacionales que sólo buscan sacar el máximo beneficio, por ejemplo, pagando a sus trabajadoras de ayuda a domicilio 3€ la hora (caso real), perjudicando la calidad tanto del empleo como de la atención. No olvidemos que hablamos de un derecho, y los derechos deben ser cubiertos por el Estado, que para eso pagamos impuestos; no son gratuitos y podemos/debemos exigir su cumplimiento con calidad.
En fin, desde Izquierda Unida vamos a seguir trabajando para modificar esa ley en lo que queda de trámite parlamentario para mejorar y evitar situaciones injustas o paradójicas y conseguir una Ley de Servicios Sociales que asegure una sociedad más justa e igualitaria.
