Se ha conseguido un importante acuerdo en el Congreso de los Diputados sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Es una buena noticia para Andalucía, pues es lo que querían la inmensa mayoría de los andaluces y andaluzas. El texto sale enriquecido y mejorado, pero mantiene los elementos nucleares de la proposición de ley aprobada en la Cámara andaluza.
No ha habido vencedores ni vencidos. El texto final es fruto de la transacción y de la voluntad política de alcanzar el consenso. El único gran vencedor es el pueblo andaluz, que va a contar con una carta autonómica que favorecerá el proyecto de la Segunda Modernización y que supondrá una mejora de la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía. Es un Estatuto de máximos, ambicioso, que sitúa a Andalucía en el mismo nivel que el que más en autogobierno y competencias; es un estatuto social pues, sin duda, el capítulo de derechos es el más avanzado de entre todas las cartas autonómicas; y garantiza una financiación suficiente que hará posible la puesta en marcha y el desarrollo de los avances sociales que consagra el texto.
Es un Estatuto útil para los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía, a los que va dirigida la reforma. Los andaluces y andaluzas contarán con una nueva herramienta, más moderna, para hacer frente a sus nuevas necesidades y demandas. Este Estatuto da respuestas a los requerimientos ciudadanos del siglo XXI.
Andalucía se define en su artículo como nacionalidad histórica y en el preámbulo se incluye el concepto de realidad nacional vinculado a la historia y al presente de la comunidad. Por un lado, se vincula al Manifiesto Andalucista de 1919 y, por otro, la importancia que ha tenido la conquista de la autonomía para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma.Tenemos que expresar nuestra satisfacción por que el concepto de realidad nacional figure en el preámbulo del texto estatutario ya que "está vinculado a la historia y al presente de la comunidad". Con la reforma del Estatuto está en el camino de solventar la Disposición Adicional Segunda de una vez por todas. El nuevo texto da un plazo máximo de tres años para saldar esa deuda del Estado con Andalucía. Es una garantía absoluta de cobro para Andalucía. El texto final mejora al vigente y marca unos plazos nítidos para el cobro.
La Disposición Adicional Segunda se refiere a la insuficiente valoración de las competencias cuando fueron transferidas a Andalucía para poder prestar un nivel mínimo de servicios en educación, sanidad, servicios sociales y vivienda, fundamentalmente. 25 años después, gracias a la autonomía y al esfuerzo de andaluces y andaluzas, la situación de Andalucía es radicalmente distinta, pero esos son unos fondos que nos corresponden por derecho.
Estamos convencidos de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene la voluntad política y la determinación de saldar este viejo contencioso del Estado con Andalucía. Ya hace unos meses se retomó la negociación Junta-Gobierno y hemos encontrado comprensión y sensibilidad para desbloquear este asunto.
