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La actualidad política en torno a la figura de Francisco Salazar y el PSOE nacional llegó al pleno ordinario de julio, el último del curso, en el Ayuntaminto de Dos Hermanas. El alcalde, Paco Rodríguez, anunciaba que se iba a abordar este asunto tras el apartado de mociones de los grupos políticos y antes de la presentación de los ruegos y preguntas. De esta forma se daba respuesta a la demanda de información «sobre aspectos laborales de un trabajador de este ayuntamiento» y por las declaraciones públicas a medios de comunicación o publicando en redes sociales múltiples denuncias al respecto por parte de distintos concejales». Entre ellas, se aseguraba, «se demandaba tratar este asunto en pleno municipal».

Fue el portavoz del equipo de gobierno, Agustín Morón Marchena, fue el encargado de ofrecer esta información, asegurando que «este asunto que hoy tratamos en pleno es exactamente el mismo que vimos hace algo más de siete años». En aquel momento, «una persona, trabajador de este ayuntamiento, Francisco Salazar, estaba realizando, de manera altruista y voluntaria, una tarea orgánica, unas labores en el ámbito de un determinado partido político (sin ninguna relación económica, laboral ni contractual con éste)». En palabras de Morón, «un ‘rival‘, un enemigo de su mismo partido, que no estaría conforme con la labor que Salazar estaba realizando, por lo que sea, filtra una información falsa y dañina a un medio de comunicación». De esta fora, «se hacen eco otros medios, que amplifican la noticia, y los partidos de la oposición se escandalizan y hacen declaraciones a los medios, dan ruedas de prensa, piden un pleno extraordinario, presentan una pregunta conjunta exigiendo información y documentación….».

Esto fue lo que pasó en junio de 2018 y hubo «una petición de los partidos de la oposición exigiendo información sobre la contratación de Salazar». Se abordó este asunto en pleno, en la sesión ordinaria del día 29 de junio y se dio respuesta, «con la información que requirieron y se puso toda la documentación al respeto a disposición de la oposición». Siete años después, en palabras del portavoz, «se repite lo mismo, por lo que «la explicación y la respuesta a lo que ahora pedís es exactamente la misma que se dio en el pleno de 2018. Es lo mismo, y no hay nada nuevo».

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Morón se comprometió a pasar a la oposición el vídeo en el que por entonces alcalde, Francisco Toscano, respondía a esta petición, además del videoacta y el resumen del acta del pleno. Pero también ofreció un breve resumen y algunos datos, como que en junta de gobierno local de 9 de julio de 2012 se informa de la selección y contratación de Salazar y «desde entonces, este trabajador desarrolló de manera correcta sus labores profesionales en esta casa». Cuando se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo, «se llevó a Pleno con el acuerdo con todos los sindicatos y se aprobó por unanimidad con el voto de todos los partidos políticos». Por ello, «Salazar, como el resto de la plantilla, tiene su diligencia con su situación personal donde constan todos sus datos y circunstancias«. También pasó por junta de gobierno la comisión de servicio por excedencia forzosa, cuendo se marchó a colaborar voluntariamente con Pedro Sánchez, en las sesiones del 30 de junio y 10 de septiembre de 2021.

El portavoz del equipo de gobierno quiso aclarar que Salazar «solo tuvo un único sueldo cuando estuvo en nómina de este ayuntamiento. No tuvo ningún otro tipo de ingreso». Por supuesto, «tenía una nómina en la cuantía que le correspondía por su trabajo. Ni más, ni menos. Por cierto, por debajo de los 2.000 euros mensuales que habéis publicitado que cobraba, que no sé de dónde habéis sacado el dato, un claro invento».

En el pleno de 2018 se puso toda la documentación y expediente completo a disposición de la oposición. «Exactamente igual que decimos ahora. El mismo expediente y documentación. Ahí aparece toda la documentación que he mencionado: nóminas, vida laboral, permisos que solicitó, etc».

Por ello, Agustín Morón acusó a la oposición de buscar su minuto de gloria, «pero el asunto que estamos tratando en este pleno no es para tomárselo a broma, porque es un tema grave, muy grave, ya que se ha acusado públicamente a un trabajador de ‘cobrar sin trabajar’. Y para que cometiera un delito de este tipo, se requiere de la participación o implicación de quien paga, en este caso de una administración pública, como es este ayuntamiento«. Y para que eso ocurriera, «necesariamente debería de existir la connivencia de muchas personas, de todas las que realizan los múltiples controles. Desde los encargados de los servicios implicados, del departamento de Personal o recursos humanos, de los técnicos de intervención que supervisan el proceso, incluidos los habilitados nacionales, como la propia fiscalización de las nóminas que realiza el interventor o interventora».

Por ello, añadió, «espero que podáis demostrar, llegado el caso y ante la instancia que corresponda, que efectivamente esta persona ha cometido ese delito. Y podáis probar que los responsables y técnicos de esta administración también han cometido el delito, por haberlo permitido«. Para concluir, «lo publicado y denunciado es falso. Todas las actuaciones relacionadas con la contratación, desarrollo profesional y trabajos realizados, nóminas, abonos, sueldos, etc, etc. de Francisco Salazar con este ayuntamiento han sido conforme a lo que marcaba su contrato y a la legislación y legalidad vigente. Tienen la explicación en el videoacta del Pleno de junio de 2018, y la documentación a vuestra disposición».

Mociones del pleno

La sesión plenaria rechazó la moción presentada por el PP, solicitando un cheque familiar para aquellas unidades familiares con dificultades para llegar a final de mes. Recibió el apoyo de Vox y con Andalucía y el voto en contra del PSOE, asegurando que no es una herramienta propia de la actualidad en los Servicios Sociales. También fue rechazada la moción de Vox, de apoyo y reconocimiento a las personas enfermas de ELA. Un texto no excento de polémica, ya que, en la lectura de la misma, el concejal de la formación, Adrián Trashorras, obvió el último punto, acusando «a la promoción de la inmigración como la máxima causa del deterioro de la sanidad pública». Fue rechazada por PSOE y Con Andalucía, con la abstención del PP y la concejala no adscrita, Teresa de Terry.

También fue rechazada la moción de Con Andalucía para amortiguar los efectos en los comercios y usuarios de las obras en la Calle Tajo, con un periodo de ejecución de 70 meses. El PSOE votó en contra, compartiendo la preocuoación por las obras y sus afecciones, al asegurar que las obras se han estructurado en cuatro fases para minimizar sus efectos y que las ayudas directas por este motivo no tienen cabida en la normativa municipal.

En esta sesión plenaria también se presentó una pregunta ciudadana sobre los cuidados de los árboles en la zona afectada por las obras de esta calle de la barriada de Vistazul. La propuesta ciudadana presentaba una alternativa en la que no se afectase el eje de la mediana en la que se encuentran los árboles. El Ayuntamiento reiteró su presidposición al diálogo y a estudiar esa propuesta, siempre y cuando no afecte al objetivo de la obra.

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