La delegada de Asuntos Sociales aseveró que la ley tendrá carácter universal
La entrada en vigor el pasado mes de enero de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia centró parte del debate del último Pleno. Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida presentaron sendas mociones en las que se instaba tanto a la administración regional como nacional a poner medidas concretas para la puesta en marcha de esta ambiciosa normativa.
Los populares, según su portavoz, Carolina Soto, solicitaban que se instase a la Junta de Andalucía a que “en el plazo de un mes elabore un reglamento en el que se determine la implicación de las entidades locales para la puesta en marcha de las medidas que establece la norma; a que se establezca una línea de financiación estable para su puesta en marcha; a que se comiencen los trabajos para la transferencia de las competencias en materia de bienestar social, familia y atención a personas dependientes como establece el pacto local; y por último a que la Junta determine cuáles serán los fondos que se aportan para su cumplimiento”.
La moción fue rechazada, con el apoyo sólo de IU, ya que, según declaraciones del portavoz del Equipo de Gobierno, Agustín Morón, “o la moción ha sido realizada hace unos meses o el Partido Popular desconoce la ley, ya que la normativa se encuentra en fase de preparación, determinando los baremos a tener en cuenta, los servicios y la cuantía de los mismos, implantándose de una manera paulatina en un periodo de ocho años”.
Mejor suerte corrió la moción de Izquierda Unida, que ha sido aplazada para un próximo pleno, con el fin reanalizarla conjuntamente con los socialistas para refundirla en una nueva moción, ya que todo lo solicitado, según la delegada de Asuntos Sociales, Lourdes López, está en marcha. Trini del Moral, concejala de IU, pedía, entre otras muchas cosas, “que se permitiese la implicación de los movimientos sociales, la concreción de los criterios de valoración para los dependientes andaluces, así como asegurar el carácter universal de su aplicación”. Según López, “la ley, como solicita IU, va a ser universal, con lo que a ningún ciudadano dependiente le va a faltar atención en ningún momento, ni su correspondiente subvención económica”.
Asimismo la delegada aseguró que si no hay suficiente con la partida presupuestaria asignada, según denunciaban los populares, se ampliará. Lourdes López aclaró que en estos momentos se estaban estudiando los diferentes casos ya que “se trata de un programa muy ambicioso y para el que hay que saber esperar y apoyar el trabajo que se está realizando”.
Una ley de aplicación gradual
La llamada Ley de Dependencia reconoce el derecho de las personas que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por el Estado. Fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 30 de noviembre del año pasado, aunque el desarrollo de las prestaciones se llevará a cabo de forma gradual durante los próximos ocho años. Según datos del Ministerio de Asuntos Sociales, se calcula que para 2020 haya casi un millón y medio de personas dependientes, casi 300.000 con dependencia severa.