Menos mal que se aprobó el estatuto catalán en el parlamento. Menos mal que las tertulias radiofónicas han dejado de cansarnos con asuntos más propios de revistas del corazón que de realidad política y social. Menos mal que los coletazos de aquello han pasado a segundo plano, y que sólo el empecinamiento de la derecha mantiene aún tensionada la cuerda, afortunadamente cada vez más elástica, de la descentralización del Estado. Aún así, parece que Andalucía no interesa tanto en los medios de masas, que siguen enquistados en la discusión sobre si somos o no nación, realidad nacional, comunidad autónoma o reino (qué curioso: no podemos ser nación dentro de la nación, pero sí reino dentro del reino, como dice el estatuto valenciano, pero en fin), olvidando lo que verdaderamente importa de un texto normativo fundamental, que no es otra cosa que el contenido real, lo que afecta a cada ciudadano y ciudadana, los derechos y obligaciones que se establecen en ese texto, en suma. De eso no se habla, y sin embargo…
…Sin embargo, sobre eso el nuevo estatuto andaluz establece novedades que nada tienen que ver con el tan cacareado estatuto catalán. Como dijo Concha Caballero en una conferencia reciente, “aunque no es el que hubiéramos hecho desde Izquierda Unida, sí es nuestro en un cincuenta por ciento de su articulado, por lo que queda garantizada una línea social que no tiene parangón en ningún estatuto de autonomía aprobado hasta ahora, incluyendo el catalán”.
Izquierda Unida lleva diez años reclamando el espíritu del 28-F para el nuevo estatuto, pero el PSOE sólo ha querido oírnos a raíz de la redacción del catalán, que ha sido el revulsivo para crear un nuevo estatuto andaluz y no una simple reforma del ya existente, como pretendía Chaves. Eso, unido a la necesidad de contar con otro partido para tener la mayoría de 3/5 que requiere la aprobación del texto, ha obligado al PSOE a contar con Izquierda Unida en Andalucía, lo mismo que ha ocurrido en Cataluña. Eso, unido a que el PP y el PA no se han querido bajar del caballo para pisar tierra firme, explica que nuestra representación de sólo 6 diputados haya dado tanto juego en el nuevo estatuto.
Pongamos varios ejemplos de la aportación de Izquierda Unida. En primer lugar, se ha incorporado una Carta de Derechos Sociales que, además de tener en cuenta la educación y la salud como derechos universales, obligará al gobierno andaluz a crear una Red de Servicios Sociales que incluye, entre otras prestaciones, una Renta Básica para todas las personas, consistente en garantizar vivienda y alimentación, atención integral a las personas con discapacidad y en situación de dependencia, y atención integral a familias sin recursos económicos. Lo más importante de estos derechos es que tienen vinculación jurídica, esto es, que serán obligatorios y podrán exigirse a través de los tribunales de justicia, no como ocurre hasta ahora con muchos derechos recogidos en nuestra constitución.
El nuevo estatuto también establece la gratuidad de la educación, incluyendo libros de texto, la enseñanza laica y la no discriminación en los centros de enseñanza privada.
En materia de empleo, la redacción del estatuto es única en todo el mundo, ya que establece obligaciones en materia de convenios colectivos, empleo de calidad y cláusulas sociales (igualdad de sexos, juventud…) en materia de contratación, y numerosos artículos que luchan contra la discriminación femenina.
También es el primer texto jurídico que establece la democracia paritaria en lo relativo a las elecciones (listas con un hombre-una mujer).
En medio ambiente, el nuevo estatuto establece la fiscalidad ecológica (impuestos sobre la contaminación) y la obligación de luchar contra el crecimiento desproporcionado de las ciudades, sobre todo en las áreas metropolitanas. En este aspecto, por hacer una mención cercana, el actual crecimiento desmesurado de Dos Hermanas quedaría muy limitado por el nuevo estatuto.
Todos estos avances suponen, en la práctica, la construcción de una Andalucía sin desigualdades, que poco tiene que ver con la que se diseñó en el estatuto anterior, entre otros motivos, porque su redacción estuvo demasiado influenciada por los ruidos de sable del golpismo que sufrimos al comienzo de nuestra democracia. Ahora, acallados esos ruidos, sólo quedan los ecos, es decir, las viejas sombras de quienes, ya en el 28F, dijeron aquello de “este no es tu estatuto”.
Es cierto que al parlamento español no va a llegar todo lo que nos hubiese gustado en Izquierda Unida. Que las bases americanas no se tocan, por decir algo que defendemos desde siempre (y que nos hubieran tumbado, como ha ocurrido con el término “nación” del estatuto catalán, nada más aterrizar el borrador de estatuto andaluz en el parlamento español). De hecho, teníamos 120 enmiendas que, en algunos casos, recogían asuntos no incluidos definitivamente en el texto, y que hay, en nuestra opinión, muchas carencias en materia de régimen local por las que el PSOE no ha querido pasar. Esa disyuntiva siempre se va a dar, y siempre habrá opiniones enfrentadas. En esta ocasión, Izquierda Unida ha preferido mojarse y negociar, antes que acabar votando en contra de un estatuto pactado por PSOE y PP. Hemos preferido eso, y al final se ha logrado enviar a Madrid un texto muy cercano a la propuesta de Estado Federal que defendemos, porque establece muchas competencias compartidas con el Estado y otras exclusivas de la comunidad que antes no teníamos. Por este motivo, y no por otros que han servido de tapadera mediática, las derechas nacionalistas (la española y la andalucista) han intentado boicotear cada artículo del nuevo estatuto, como hicieron con el anterior. Por ese motivo, en suma, los partidos que no apoyaron el espíritu del 28-F tampoco lo harán en el referéndum del próximo año. Y si al final lo hacen, será, parafraseando aquella canción de Radio Futura, porque habrán cambiado su traición por compromiso, aunque en el fondo del compromiso haya una traición mayor.
Por suerte ahora, como en 1981, tampoco nos vamos a quedar atrás. Y si Andalucía no avanza, no será por el estatuto, sino por la incompetencia de quienes nos gobiernen.
