Ante la noticia publicada esta semana en algunos medios de comunicación sobre una supuestas “sospecha de fraude de la Ley de Dependencia en Andalucía” no tengo más remedio que expresar mi total indignación y repulsa por lo que solo puedo entender se trata de una campaña orquestada de desprestigio y boicoteo al “buen trabajo y hacer” de una administración pública y unos funcionarios que han sido capaces, no sin esfuerzo y dedicación, de dar un mayor cumplimiento en nuestra Comunidad a la Ley de Dependencia.
Que Andalucía tenga el porcentaje más alto de aplicación de la Ley no ha de verse como algo extraño, lo extraño e irregular es que en las CCAA donde gobierna el PP, como Madrid, C. Valenciana, Murcia y Castilla León, por ejemplo, casualmente todas ellas ofrezcan el retraso tan considerable que muestran sus datos.
Al preguntar, como excusa, si se “está haciendo bien o mal la baremación en Andalucía” se está poniendo en duda la profesionalidad de multitud de funcionarios y trabajadores públicos que cumplen con sus obligaciones diariamente en sus respectivos puestos de trabajo. No deja de ser una verdadera desfachatez, fuera de toda lógica política, que el fracaso en el desarrollo de esta Ley en las CCAA gobernadas por el PP se quiera encubrir ante la sociedad demandante poniendo en duda y bajo sospecha permanente el éxito de los datos que al día de hoy aporta Andalucía. Está claro que el PP continúa con su estrategia de crispar la vida pública y de seguir radicalizando sus posiciones y su discurso al generar con sus falsas acusaciones un claro desconcierto en la ciudadanía para justificar lo que ya todos sabemos, que no tienen intención de aplicar en sus territorios los derechos derivados de esta importante Ley. Esta forma de proceder, desde luego, no es propia de un partido con alto nivel de responsabilidad institucional.
Los datos son los que son, gracias, repito, a la profesionalidad y buen hacer de un gran número de profesionales. Eso me consta no solo por lo que depende de mi responsabilidad (la aplicación de la Ley en los municipios de la provincia de Sevilla menores de 20.000 habitantes) sino también por las múltiples reuniones que las ocho diputaciones provinciales mantenemos con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, reuniones donde se contrastan los esfuerzos realizados por todos para llevar a buen éxito los objetivos marcados que no son otros que los de procurar que las personas dependientes en nuestros respectivos territorios puedan contar con los recursos elegidos en la mayor brevedad posible. Se trata de personas dependientes y, por tanto, toda celeridad en ser debidamente atendidos es de agradecer. También sirven las mencionadas reuniones para poner en valor donde acertamos y para avisar y buscar soluciones en donde erramos. Es una ayuda valiosa de la que todas las diputaciones provinciales nos beneficiamos.
En el territorio de mi responsabilidad se está trabajando bien y con bastante profesionalidad. Podemos hablar de satisfacción en cuanto a los números ya que estamos incluso por encima de los porcentajes de Andalucía. Estamos desarrollando la Ley con decidida vocación y gran entusiasmo, pero sobre todo con gran profesionalidad. Sin embargo, no es casual que, como ha declarado la propia consejera, Micaela Navarro, sea Almería, ciudad gobernada por el PP donde los resultados obtenidos sean los más bajos, con mucha diferencia, de toda Andalucía. Esta realidad comparativa solo puede tener una lectura, y esa no es otra que la de una clara manifestación del boicot orquestado por parte del PP a la Ley de Dependencia. Esa es la única y verdadera realidad y, por tanto, es una irresponsabilidad institucional que ha de conocer todo el electorado.
Además, es una desvergüenza irresponsable dudar de la capacidad de los cuidadores para atender a sus propios familiares. Cuidadores, que en su mayoría ya llevaban muchos años desprotegidos en el ejercicio de esa tarea totalmente desinteresada que hacían y hacen por amor a sus familiares. Son estos cuidadores, los familiares, a mi modesto entender, los mejores profesionales para atender a las personas dependientes. No sería lógico aceptar que cuando no había ayuda económica eran ellos los legalmente obligados a atender a sus familiares y, ahora que hay ayuda legal, tengan que ser otros los más indicados para ello.
Acusar sin pruebas y falsear la verdad no es el camino correcto. Es de una desfachatez y un cinismo sin límite querer excusarse ante la sociedad de su propia incompetencia presentando los éxitos de una comunidad como la nuestra, Andalucía, como algo que huele a otra cosa. Para eso están los tribunales y, si no se utilizan, creyendo tener la razón, es porque se es muy consciente de estar cometiendo una fechoría propia de las que siempre, históricamente, ha venido cometiendo la derecha en nuestra tierra, en Andalucía.
En política todo no vale y menos aún si se trata de los derechos de los más desprotegidos, en este caso, de las personas dependientes.
