Adaptación de la Moción aprobada en Pleno el pasado 22 de noviembre.
Hace 20 años la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.
Se reafirmaba que era un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz; y un atentado a los derechos humanos de las mujeres y sus libertades fundamentales.
Durante este tiempo, en nuestro país, instituciones públicas y privadas han desarrollado campañas de concienciación ciudadana que han contribuido a un cambio de actitud en la población en general, superándose las políticas del silencio.
Los avances legislativos nos han dotado de instrumentos para reducir la impunidad de la violencia y la protección de las víctimas. Como la Ley 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad y que en 2015 se reformó para extender su protección a las hijas e hijos de madres víctimas de violencia de género.
El Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, reconoce diferentes formas de violencia contra las mujeres, más allá del ámbito de la pareja, como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación, considerando responsables a los Estados si no responden de manera adecuada.
Pero los marcos legales por si solos no son suficientes; deben ir acompañados de recursos con los que dotar planes de acción que desarrollen medidas eficaces. Como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el congreso en el 2017.
La violencia de género ya no es tema privado sino público, que lamentablemente seguimos constatando día a día, como el asesinato de la joven Sara.
En nuestro país, desde 2003 han asesinado a 1.027 mujeres y a 30 menores, a las que hay que sumar madres y hermanas, mujeres prostituidas y aquellas otras asesinadas por el hecho de ser mujer.
Estos años, según fuentes del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el 20% de las mujeres asesinadas habían denunciado, minimizándose el riesgo que ello suponía. El 75 % de las mujeres asesinadas eran madres (en lo que va de año 33 menores han quedado en situación de orfandad).
Y es en el ámbito rural donde las mujeres están más desprotegidas.
La Fiscalía General del Estado manifiesta su preocupación por el incremento de la violencia de naturaleza sexual, por las agresiones sexuales en grupo y la ejercida a través de redes sociales entre adolescentes y jóvenes; y por los déficits de protección a las 16 mujeres asesinadas que habían presentado denuncia.
Ante esta realidad incontestable, no podemos acostumbrarnos sólo a discursos emotivos e indignados sobre la violencia contra las mujeres, ni caer en el desánimo o la pasividad frente a planteamientos negacionistas. Hay que hablar de soluciones y éstas pasan por no tolerar la violencia de género.
Erradicar la violencia contra las mujeres y niñas es una tarea complicada, requiere abordar la desigualdad de género que la provoca y que está profundamente arraigada en todos los ámbitos de la vida social.
Debemos convertirnos en agentes positivos en la defensa de los derechos de las mujeres y rechazar abiertamente la discriminación y el abuso.
Un año más, en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de género, nos comprometemos a:
1. Considerar las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, prioritarias e irrenunciables porque atacan de raíz esta violencia.
2. Trabajar de forma coordinada y conjunta todas las Administraciones en todos sus niveles, en las medidas para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
3. Sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los hombres y a los jóvenes, para que rompan con una cultura de tolerancia y negación que perpetúa la desigualdad de género y la violencia que causa.
4. Destacar la importancia de una actuación coordinada de todos los organismos y la sociedad civil, especialmente las asociaciones de mujeres y grupos de ciudadanos y ciudadanas implicados en la lucha feminista.
5. Considerar la maternidad como un factor de vulnerabilidad de las mujeres víctimas de maltrato junto con la pobreza, la dependencia económica del maltratador, la situación de discapacidad o el embarazo.
6. Incrementar los esfuerzos en el ámbito rural, con medidas de prevención y proporcionando recursos de asistencia, acompañamiento y protección a las víctimas en los municipios.
Corresponde a toda la sociedad luchar y condenar la violencia machista. La vulneración sistemática de los derechos humanos no puede tener cabida en una sociedad democrática.
