La ley obliga desde 2006 a seguir unas pautas concretas en la retirada del amianto para preservar la salud pública y de los trabajadores
Gracias a sus propiedades ignífugas y aislantes, el amianto, un mineral presente en la naturaleza, ha sido utilizado tradicionalmente en la construcción de viviendas para recubrir fachadas, cubiertas o en piezas como depósitos y canalones. Desde que se descubrió lo perjudicial que era para la salud, las fibras de amianto han dejado de utilizarse paulatinamente. En España, su utilización está prohibida desde el año 2002. Sin embargo, en cualquier vivienda con cierta antigüedad de Dos Hermanas todavía podemos observar su presencia en el fibrocemento de materiales tan populares como los tejados de chapas onduladas de uralita, algo impensable en las construcciones modernas.
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Riesgo para los trabajadores
El principal riesgo para la salud deriva de la aspiración de las fibras microscópicas que se desprenden al manipular las piezas que contienen amianto, principalmente al fracturarse. Por este motivo, la legislación contempla desde el año pasado una serie de requisitos estrictos, que complementan y amplían la ley de 1984, sobre la manipulación y eliminación de las piezas que contienen este material.
La salud de los trabajadores que están en contacto prolongado con las fibras de amianto, principalmente los operarios de las empresas de demolición y derribos, debe preservarse con la puesta en marcha de las medidas de seguridad correspondientes, entre las que destacan la utilización de monos, mascarillas y guantes de protección para evitar que las fibras microscópicas pasen al cuerpo del trabajador.
Retirar la uralita
Hoy día es habitual contemplar por nuestra ciudad como las casas antiguas son demolidas para construir nuevas promociones de viviendas. En la mayoría de los casos, dependiendo de la antigüedad, las casas que se derriban o reforman cuentan con elementos estructurales como tejados o recubrimientos, y piezas como depósitos, tuberías y canalones de fibrocemento, comúnmente conocido como uralita.
La ley obliga a implantar medidas de seguridad específicas cuando se retiran estos elementos, pero algunas empresas de derribos y particulares no cumplen las normas por desconocimiento o para ahorrarse costes, ya que el presupuesto del derribo se ve aumentado.
Al no cumplir la legislación, ponen en peligro la salud de los trabajadores y el medio ambiente, ya que las fibras del amianto se esparcen por el aire con suma facilidad, máxime si se machacan y se arrojan como el resto de escombros. Además, quien incumpla la ley se arriesga a pagar multas de entre 30.000 y 600.000 euros.
Para conocer el procedimiento que se lleva a cabo a la hora de derribar construcciones que tienen amianto, La Semana se ha puesto en contacto con Derribos J. Torres, una empresa de demoliciones nazarena especializada en la retirada de fibrocemento.
Inscribirse en el RERA
El primer paso que ha de dar la empresa es estar inscrito en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto, RERA, para que la autoridad competente, en este caso, la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, esté al tanto de la actividad de la empresa como manipuladora del peligroso mineral. Una vez que se ha inspeccionado la vivienda o la nave que va a ser derribada, se presenta un detalladísimo plan de trabajo que debe ser aprobado por la Consejería y tarda unos 45 días. Incluye el nombre de los operarios, normalmente dos o tres personas en cada obra, así como las prendas de protección que vestirán (mono, mascarilla y guantes), habitualmente de un sólo uso para facilitar su posterior eliminación.
Para retirar las piezas de fibrocemento también es necesario contar con un aspirador específico para materiales peligrosos que recoge todas las partículas que se desprenden durante la manipulación de los distintos elementos, así como una máquina de agua de baja presión que impide que el polvo rico en fibras se expanda por el aire.
Completa las medidas de seguridad una cabina de descontaminación con filtros, o esclusa, en la que los trabajadores se desprenden de los trajes contaminados.
Tal despliegue de medios alarma a la población que contempla la retirada del fibrocemento. Como comenta Jo nathan Torres, ante el desconocimiento, la gente piensa que hay residuos nucleares o que se está retirando una bomba.
Los operarios que se encargan de la retirada del fibrocemento han seguido un curso de formación en el que han aprendido los riesgos y las medidas de seguridad que deben seguir durante su trabajo. Además, durante el derribo, la empresa de prevención de riesgos laborales controla y supervisa que la normativa se cumpla a rajatabla, colocando incluso a cada trabajador un medidor de partículas suspendidas en el aire para evitar que su exposición a las fibras sea excesiva. Una vez que las piezas de fibrocemento se han retirado, se paletizan y envuelven para que las recoja un gestor de residuos, que las traslada a un vertedero autorizado. También está prohibido comer, beber y fumar en el recinto de la obra, que está debidamente señalizado para advertir de la presencia del peligroso mineral en la zona.
Etiqueta identificativa
Con este adhesivo se etiquetan todos los paquetes que contienen amianto. Una vez que las piezas de fibrocemento han sido retiradas, apiladas y recubiertas con plástico, se debe indicar con la etiqueta regalementaria la peligrosidad del material y las indicaciones generales para no estar expuesto a los efectos nocivos del mineral. Según especifica el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, el amianto, todos los materiales que lo contengan o aquellos de los que se desprendan sus fibras, así como sus residuos, deben ser transportados en embalajes cerrados y con la etiqueta de la izquierda.
Etiqueta identificativa