Los populares denuncian la desidia municipal en el caso del Edificio España

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    Para el PP, Urbanismo debe controlar las obras ilegales y tomar medidas

     El Partido Popular se ha solidarizado con la cruzada que los comerciantes del Edificio España de Montequinto mantienen desde hace dos años por la colocación de una cancela que consideran ilegal al no tener licencia de obras y que repercute en las medidas de seguridad de la urbanización. 

     Por ello, el concejal popular, Francisco Javier Villanueva, ha denunciado que “el delegado de Urbanismo, José Manuel Carrión, no controle las obras ilegales que se hacen en la ciudad”. Para Villanueva “este problema colea desde hace casi dos años sin que la Delegación de Urbanismo cumpla con su obligación de eliminar las obras ilegales y con el agravante de que no asume su responsabilidad con la idea de que es un problema entre vecinos y comerciantes, en el que no tiene nada que decir”.

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    Según el concejal popular, “es responsabilidad del delegado de Urbanismo y del alcalde impedir que se realicen obras ilegales, máxime cuando alguna de ellas puede suponer un peligro a los vecinos al impedir la entrada a los vehículos de emergencias”.

    Personados en la causa
    Por su parte la Asociación de Comerciantes del citado edificio remitió el pasado lunes un escrito al Ayuntamiento en el que se solicitaba que se les tenga “por personados en el expediente iniciado por la intercomunidad de propietarios para legalizar las puertas, comunicándole los actos administrativos que en el mis mo se dicten y se le conceda el trámite de audiencia, se le traslade la propuesta de resolución y, finalmente, se le notifique la resolución que ponga fin al procedimiento”.

    Los comerciantes se basan en el artículo 31 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo, además del artículo 24 de la Constitución, por el que son interesados de un proceso, además de los titulares que lo promueven, aquellos que se puedan ver afectados por la resolución. Una medida que responde a la negativa de Urbanismo de entregarles la solicitud de legalización.

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