En este sentido, el Partido Popular de Dos Hermanas ha propuesto la constitución de una comisión de investigación para llegar a esclarecer la sucesión de actuaciones que se han parcticado tanto por parte de las administraciones locales y autonómicas, como por la propia constructora de la obra. Asimismo, los populares piden la puesta en práctica de una serie de medidas, como la actuación inmediata de un inspector por parte de la Junta, el vallado de las zonas arqueológicas, la retirada de todos los enseres que puedan ser transportados de forma independiente, así como la instalación de vigilancia en la zona. Todas estas medidas de una forma “urgente”.
La Delegación Provincial de Cultura ha salido al paso de estas declaraciones asegurando que las dos intervenciones que se están llevando a cabo en las obras de la SE-40, en Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas, se ciñen a la mas “estricta legalidad”.A través de un comunicado, del que se hicieron eco los medios de comunicación, Cultura afirma quie las intervenciones son de carácter preventivo y que consisten en controles de movimiento de tierra. Asimismo, aclaró que las labores de vigilancia para proteger los restos descubiertos corresponden a las empresas responsables de las obras.
Cada yacimiento cuenta, además de con un equipo de trabajo, con un arqueólogo de la Junta de Andalucía para que supervise el desarrollo de las intervenciones. A través de visitas periódicas, según Cultura, se encarga de controlar el cumplimiento de la legislación, incluyendo la determinación de las medidas convenientes para la conservación preventiva de los yacimientos y de los materiales que se hallasen. Como las dos intervenciones continúan todavía, Cultura aclara que no se pueden dictaminar medidas definitivas para su conservación hasta que no concluyan los trabajos y los arqueólogos responsables elaboren las memorias preliminares de los trabajos ejecutados y se remitan a la Junta, quien será la encargada de establecerlas.
