El grupo municipal de Ciudadanos presentará en el próximo pleno del Ayuntamiento una moción son solicitud al Gobierno de la Nación a establecer un aplazamiento de los tributos de pymes y autónomos por un periodo de seis meses.
Esta solicitud se refiere al pago de la cuota de autónomos de la Seguridad Social, así como a la presentación e ingreso de todas las declaraciones tributarias por impuestos que recaigan en el ámbito de las competencias de la Administración Tributaria del Estado. Ésta incluye: declaraciones informativas, declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones por el Impuesto sobre el Valor Añadido, retenciones e ingresos a cuenta, así como pagos fraccionados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades. Que finalicen del día 1 de enero al 30 de junio de 2021 para todos los contribuyentes que sean empresas y autónomos y que, como consecuencia de esta crisis sanitaria, estén sufriendo una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas estipulada, al menos, en un 40% con respecto al mismo período del año 2019.
Como ya hicieran al inicio de esta crisis, la solicitud de Ciudadanos pide la congelación del calendario fiscal durante el primer semestre del ejercicio 2021, tanto en lo referente a las obligaciones formales como con relación al ingreso de la deuda tributaria y el pago de la cuota de autónomos. De esta forma, según la formación naranja, «se otorgaría pulmón financiero y liquidez a las empresas y negocios que están resultando más gravemente afectados por esta crisis». Mientras que «se les liberaría de la burocracia que supone la presentación de declaraciones tributarias en un momento de confinamientos parciales y perimetrales, recursos limitados y merma de los medios humanos y materiales a su alcance para la preparación de declaraciones fiscales de una manera sencilla y garantista».
Debido a la última ola de contagios Covid-19, explican desde Ciudadanos, «se han estado decretando restricciones con consecuencias enormemente negativas para la actividad económica». Ya que, la mayoría de autonomías han impuesto «medidas muy duras para la viabilidad de los establecimientos de hostelería y centros comerciales, la clausura interior, o incluso el cierre total durante al menos dos semanas de los bares, restaurantes, centros comerciales y gimnasios, por nombrar solo algunos ejemplos». Estas medidas, apostillan, «son necesarias desde el punto de vista sanitario y deben ser atendidas y respetadas, pero, incuestionablemente, tienen unas consecuencias económicas devastadoras para unos autónomos ya al borde del colapso».
