Aprobación inicial del nuevo reglamento del transporte colectivo urbano

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El Ayuntamiento de Dos Hermanas dará luz verde en el pleno ordinario del mes de septiembre a la aprobación inicial del Reglamento de Uso del Servicio de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros de Dos Hermanas. Un texto, del que carecía el consistorio hasta la fecha, según el delegado de Movilidad y Limpieza Urbana, Antonio Morán Sánchez, y que servirá «para regular las relaciones entre la empresa concesionaria y las personas usuarias».

Esta aprobación inicial es un paso necesario para el proceso de licitación, en el que se encuentra inmerso el Ayuntamiento, y que se aprobó en junta de gobierno el pasado mes de julio. Tras estar en exposición pública, sin alegaciones, durante el mes de agosto, es ahora cuando se aprueba en sesión plenaria.

El reglamento, explicaba Antonio, «recoge los derechos de la ciudadanía que use este servicio y las obligaciones de la empresa». El texto, apuntaba el delegado, «se ha elaborado cogiendo idea de los reglamentos de las principales ciudades españolas, que tienen un buen funcionamiento».

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Adjudicación paralizada

El delegado de Movilidad, en relación con el proceso de adjudicación del servicio de transporte colectivo, ha explicado que en este momento se encuentra «parado». Ya que, una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas, y con cuatro empresas presentadas, «una, que no se había presentado, ha presentado un recurso al Tribunal de Recursos de Andalucía».

Por la naturaleza del concurso, según Morán Sánchez, «este procedimiento no admitía recurso y, por tanto, el TRA debería haberlo inadmitido, además de que el recurso no tiene argumentos». A pesar de «no tener competencias», el tribunal lo ha admitido y «se ha suspendido el procedimiento».

En la junta de gobierno local de este viernes, día 27, el equipo de gobierno va a llevar este asunto para «mantener la posición del consistorio de que el Tribunal de Recursos de Andalucía no es competente en la materia y debe desbloquear el tema». De no ser así, sentenciaba Antonio Morán, «tiene un plazo de dos meses para resolverlo».

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