Un mes más, desde el Consejo Sectorial de Mujeres del Ayuntamiento de Dos Hermanas, nos concentramos bajo el lema “todos los 25 son 25 de noviembre”, desde el convencimiento de que la erradicación de la violencia hacia las mujeres requiere de la implicación de toda la ciudadanía.
Queremos manifestar nuestro más absoluto rechazo ante la decisión judicial que deja en libertad a los violadores de La Manada, bajo el pretexto de que por haber perdido el anonimato y ser sus caras conocidas no volverán a violar, recordando que vivimos bajo una justicia patriarcal que perpetúa la cultura de la violación.
Asimismo, expresamos nuestro dolor y condena por los asesinatos de 21 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, y el asesinato de 2 menores en lo que va de año, y nuestro apoyo y solidaridad con sus familias y amistades, así como con todas las mujeres que han sufrido o están sufriendo cualquier tipo de violencia de género.
Muy especialmente con las mujeres prostituidas, porque la prostitución no es una profesión, es una forma de explotación, una forma de violencia de género extrema y, como tal, debe ser abolida.
La violencia de género es un atentado a los derechos humanos más básicos de las mujeres y de sus hijas e hijos, el derecho a su libertad, a su integridad, a su vida.
Es una violencia que hunde sus raíces en la histórica desigualdad que han tenido y aún siguen teniendo las mujeres como consecuencia del machismo existente en nuestras sociedades. Por ello es fundamental abordar su erradicación desde las Políticas de Igualdad y desde el feminismo, para favorecer una cultura de la igualdad frente a una cultura de la dominación.
Así lo entendemos, por ello reclamamos un mayor compromiso político y social para avanzar en la erradicación de la violencia hacia las mujeres en todas sus formas y manifestaciones, y facilitar los recursos necesarios para una atención integral de calidad a las mujeres víctimas de maltrato, que pueda garantizar su seguridad y la de sus hijas e hijos.
Es imprescindible establecer los mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e instituciones con responsabilidad en la materia, y dotar a las distintas administraciones de los recursos económicos y de personal especializado adecuados, tal como establece la Ley Integral y se refuerza con el Pacto de Estado Contra La Violencia de Género.
Pero debemos ser conscientes de que las leyes no son suficientes, por eso pedimos a la ciudadanía que abandone su silencio cómplice y le exigimos un compromiso activo en la lucha contra la violencia de género, si queremos vivir en una sociedad verdaderamente democrática, donde las mujeres podamos sentirnos libres y seguras.
