La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, la Diputación Provincial de Sevilla y todos los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la provincia sevillana han suscrito un acuerdo institucional en defensa de la infancia y la adolescencia, cuyos principales objetivos son el refuerzo de las políticas públicas de protección del colectivo y la mejora de la coordinación entre las distintas administraciones.
La firma del acuerdo se ha llevado a cabo en el acto de inauguración de una Jornada Provincial sobre Políticas de Infancia, en la sede de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y lo han suscrito la delegada territorial de esta área, María Ángeles Fernández; la delegada territorial de Educación, María Francisca Aparicio; la diputada provincial de Cohesión Social, Lydia Ferreras; y los alcaldes y concejales de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la provincia, entre los que se encontraba la concejala nazarena de Bienestar Social, Lourdes López.
En línea con el II Plan Andaluz de Atención a la Infancia, el acuerdo institucional suscrito propone que las instituciones implicadas se conviertan en auténticos espacios de protección y buen trato de la población infantil para, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los niños.
El pacto contempla un total de nueve compromisos, entre los que se incluyen la elaboración de planes de infancia a nivel local y provincial en los que se establezcan las prioridades y necesidades detectadas, y que permitan el diseño de acciones preventivas a fin de ofrecer a los niños un entorno familiar y social en armonía y sin violencia; así como garantizar los derechos de los niños, especialmente de quienes son más vulnerables, como eje primordial de las acciones previstas, estableciendo mecanismos que posibiliten su conocimiento, divulgación y sensibilización.
9 compromisos
son los que contempla el Pacto Andaluz por la Infancia.
Otras medidas incluidas son la aplicación de un enfoque basado en los derechos del colectivo y la priorización de la inversión en esta área en la elaboración de los presupuestos, de manera que se preserven los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la infancia, estableciendo además un sistema de seguimiento de la asignación.
Los firmantes se comprometen también a compartir buenas prácticas y fomentar estrategias dirigidas tanto al interior de las entidades como hacia la sociedad en general o; a incorporar cambios sistémicos y en la cultura organizacional en este ámbito, a la vez que formar a los profesionales.
También se ha apoyado la creación de consejos de participación de los menores, a partir de los cuales se tengan en cuenta sus aportaciones e intereses en los asuntos públicos que les afecten; a promover la constitución de mesas del buen trato a la infancia y la adolescencia que posibiliten el desarrollo de políticas intersectoriales y el trabajo en red; a impulsar programas que respalden la parentalidad positiva de las familias a la hora de ejercer sus responsabilidades en el cuidado, educación y desarrollo de los menores, y su empoderamiento para evitar la exclusión social.
