Hace ya siete años que el Ayuntamiento de Dos Hermanas decidió, por acuerdo plenario y con el apoyo de Izquierda Unida, iniciar las gestiones necesarias de cara a la recuperación de las más de 2.700 hectáreas de término municipal que le fueron sustraídas mediante un decreto de Franco en julio de 1937, poco más de un año después de aquel nefasto 18 de julio.
No está de más recordar la situación de terror que en aquellos momentos se vivía en esta zona ocupada por las tropas sublevadas. Habían sido ya más de ciento cincuenta los fusilados en Dos Hermanas, entre militantes de partidos políticos y sindicatos, alcaldes y concejales. En este contexto se toma por parte de Queipo de Llano la decisión de amputar un trozo del término municipal nazareno, lo que culmina en el mencionado decreto de Franco. El pretexto, la unificación en el término municipal de los acuartelamientos militares es un tanto caprichoso y no justifica esta medida, más bien suena a que el hospital en construcción que llevaría el nombre del triste general se encuentre en Sevilla. De hecho, la mayor parte, sino toda, la guarnición actual de Sevilla se encuentra en El Copero, término municipal de Dos Hermanas.
Las tres personas que componían la gestora municipal, una vez descabezada y disuelta la anterior Corporación democrática, nombradas por Queipo de Llano, por lo tanto plenamente identificadas con los sublevados, tan solo se atrevieron a plantear la excepción de la ermita de Valme. Es obvio que ni con la legalidad republicana ni con la Constitución actual hubiera sido posible esta segregación, solo la situación de excepción y de guerra lo permitió.
Se debe situar este problema al mismo nivel que el de las personas que la futura ley de la memoria histórica pretende resarcir y son plenamente válidos para este caso los argumentos incluidos en su exposición de motivos: “El espíritu de la Transición da sentido… al modelo constitucional de convivencia más fecundo que los españoles hayamos disfrutado nunca. Y es ese espíritu el que explica también las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo… a favor de las personas que, durante los decenios anteriores a la Constitución, sufrieron las consecuencias de nuestra devastadora guerra civil y del régimen dictatorial que le sucedió… Se trata de peticiones legítimas y justas, que nuestra democracia… no puede dejar de atender…”
Bastaría con sustituir la mención a las personas por la mención a la institución municipal que representa a todo un colectivo de personas. Pero aún hay más, la Ley 43/1998, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades del periodo 1936-1939 creó, tal como señala su exposición de motivos, “el marco jurídico necesario para reintegrar a los partidos políticos los bienes y derechos de que fueron desposeídos durante la guerra civil o al finalizar ésta… superando las consecuencias de la guerra civil… lo que exige de ese Estado democrático un acto de justicia histórica como es de devolución a los mismos de aquello que les fue arrebatado…”
El señor Vallés Vives, portavoz del PSOE con ocasión de este debate en el Congreso de los Diputados afirmaba que la restauración del patrimonio incautado era “un acto debido de justicia democrática”.
¿Qué diferencia hay entre unos y otros derechos? Ninguna. La devolución del patrimonio municipal incautado sería por tanto un acto de justicia democrática, y propiciar ese acto un deber de todo demócrata que se precie sea de Dos Hermanas, de Sevilla o de Madrid.
Esta es una patata caliente en el que ni la Junta de Andalucía, ni el Ayuntamiento de Sevilla han querido entrar más que para echar balones fuera, dilatando este proceso y jugando la carta del aburrimiento, con un comportamiento políticamente cobarde y carente de los principios aludidos, negando el diálogo ofrecido e ignorando que de haberse producido una ruptura democrática real en lugar del modelo de transición que al final todos aceptamos, hubieran quedado automáticamente anulados todos los decretos y leyes franquistas, por lo tanto, no solo los de las condenas y los juicios sumarísimos, no solo los de la incautación de los bienes a los partidos.
Se ignora que la corporación nazarena ha afirmado reiteradamente su disposición al diálogo, su plena conciencia de que la devolución sin más de estos suelos, después de los años transcurridos, con barrios enteros consolidados, no era posible, dejando claro cuáles eran sus mínimos: El reconocimiento político de la injusticia mediante un acto que reconociera también y legitimara la incorporación a Sevilla de casi la totalidad de estos suelos y una mínima compensación que consistía en la recuperación de la ermita de Valme y su entorno como enclave o como corredor y el reconocimiento de la totalidad de los suelos de la Universidad Pablo de Olavide y los de su futura ampliación, como parte del término municipal de Dos Hermanas.
Es posible que las vías jurídicas emprendidas hasta ahora no sean las más adecuadas. Doctores tiene la iglesia. Es posible que había que haber empezado por instar la nulidad del famoso decreto franquista. Con toda seguridad, el equipo gobernante nazareno debía haber hecho gala de mayor decisión y valentía, buscando apoyos jurídicos y políticos, aunque es posible que ni el mismo alcalde le dé la importancia que tiene, de la misma manera que tampoco se le da esa importancia al memorial de Los Merinales o a la recuperación de la memoria de los fusilados nazarenos. Lo que sí debe estar claro es que Dos Hermanas no puede renunciar a esta reparación histórica. La solución pasa por una mayor voluntad política y el traslado de este problema a los diferentes parlamentos tanto autonómico como nacional, a instancia de los grupos políticos con presencia municipal y parlamentaria.
