Pocas instituciones han tenido más influencia en la política y en la sociedad española que la Iglesia Católica. Desde la Restauración alfonsina hasta la Constitución de 1978, con el breve paréntesis de la Segunda República, la Iglesia Católica ha sido la Iglesia Oficial del Estado. Incluso ahora, a principios del siglo XXI, en un país oficialmente aconfesional, la Iglesia Católica sigue obteniendo del Estado español ayuda económica y apoyos significativos.
Recibe anualmente 5.000 millones de euros, o sea, en pesetas, 830.000 millones, que salen de las arcas del Estado, que éste a su vez le saca a los españoles creyentes y no creyentes en conceptos de impuestos.
Pese a su cacareado cristianismo, la Iglesia cobra todos los documentos que tramita de sus archivos sacramentales. Por mi condición de biógrafo de la Revista de Feria y Fiestas que edita el ínclito
Ayuntamiento de la ciudad de Dos Hermanas, si mis biografiados han nacido antes de 1870, tengo que solicitar a los mentados archivos sacramentales sus partidas de bautismos y me cobran por las literales 30 euros y por las normales 15. Los registros civiles del Estado son gratuitos desde finales de diciembre de 1984 por decreto de nuestro paisano Felipe González Márquez, y cuando mis biógrafiados han nacido después de 1870 no hay problemas económicos al tramitar nacimientos, matrimonios y defunciones.
O sea, como dijo el castizo "Aquí se pide por Dios y no se le da ni a la Virgen "y"A Dios rogando y con el mazo dando".
